Ley de Ejercicio Profesional del Comunicador Social


CAPITULO I
DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL

Art.1. La Comunicación Social es una disciplina científica cuya práctica profesional demanda una formación teórica y el conocimiento de técnicas específicas.

Art.2. La Constitución política del Estado reconocerá que la comunicación es un derecho humano y social; que es el fundamento de las sociedades democráticas y es la base del ejercicio de los derechos sociales, económicos, políticos y culturales, que debe ser ejercida con responsabilidad profesional.

Art.3. La comunicación social y la información son servicios públicos que utilizan el espectro electromagnético, recurso natural limitado e intangible, que  administra, regula y controla el Estado para garantizar equidad, eficacia y eficiencia.

Art.4. Esta Ley garantizará una Comunicación Social que promueva el desarrollo humano, la dignidad, el respeto ciudadano, la pluralidad y la multiculturalidad, con libertad, justicia y solidaridad, protegiendo el derecho a la honra, a la reputación y a la intimidad personal y familiar,  además preservará el nombre, la imagen y la voz de la persona.

CAPITULO II
DEL ESTADO Y LA COMUNICACIÓN SOCIAL

Art.5. El Estado garantizará el derecho de acceso a la comunicación, y al dialogo social,  como una necesidad fundamental para el desarrollo de la sociedad.

Art.6. El Estado regulará y garantizará la democratización de la comunicación, con el control de la concesión de las frecuencias, canales y espacios. Evitando el monopolio de los medios.

Art.7. El Estado garantizará la libertad de expresión,  la libertad de opinión y la libertad de información como elementos de la comunicación social.

Art.8. El Estado garantizará el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, así como, el derecho de buscar, obtener y explicar el conocimiento adquirido por cualquier medio, sin censura; pero con la responsabilidad ética de quien lo difunda.

Art.9. El Estado garantizará el libre acceso a la documentación de las instituciones especificadas en el artículo uno de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con excepción de los documentos de Seguridad Nacional.

Los funcionarios que obstaculicen este derecho de los comunicadores sociales, investigadores académicos o legales, y de la ciudadanía en general, serán sancionados de acuerdo a la mencionada ley.

Art.10. Nadie podrá restringir el derecho de expresión, a través de controles oficiales o particulares. No podrá impedir la comunicación, la circulación de ideas y opiniones sustentadas y comprobables.

Art.11. El Estado tiene la obligación de impedir la difusión de programas, mensajes o imágenes relativas a la exaltación de la violencia, el racismo, la discriminación de género, la xenofobia, el consumismo y el uso del morbo.

El Estado impedirá la difusión, por cualquier medio, de productos que atenten contra la dignidad, la libertad y los derechos humanos.

Art.12. El Estado debe fomentar y garantizar el derecho a la investigación científica de la comunicación y de las realidades sociales, con la asignación de recursos económicos.

Art.13. El Estado promoverá la transparencia de la comunicación en los procesos de rendición de cuentas y de control ciudadano.

Art.14. El Estado garantizará el trabajo del Consejo Nacional de la Comunicación Social, organismo de control y regulación de la comunicación y de las nuevas tecnologías de la información.

Art.15. El Estado no podrá utilizar como mecanismos para condicionar a empresas,  agencias y  a los profesionales de libre ejercicio de la comunicación, políticas fiscales, otorgamiento de frecuencias del espectro electromagnético y la propaganda oficial.

Art.16: El Estado garantiza la cláusula de conciencia, el secreto profesional y el derecho para acceder libre y oportunamente  a todas las fuentes de información.

Para efectos de ésta Ley, cláusula de conciencia es el derecho del comunicador social a negarse a escribir, relatar, transmitir, comentar, y en general, ejercer su profesión contra sus propias convicciones.

Ningún comunicador profesional será obligado a revelar la fuente de información.

CAPITULO IV

DEL EJERCICIO DE LOS PROFESIONALES DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL

Art.33 art.1 dirá: Se reconoce como profesionales de la Comunicación Social:

  1. A quienes poseen títulos académicos otorgados por las Facultades de Comunicación Social de las Universidades, Escuelas Politécnica e Institutos de Educación Superior reconocidos por el  CONESUP.
  1. A quienes hubieren obtenido el título, en universidades o planteles de educación superior del extranjero, y lo revalidaren legalmente en el Ecuador.
  1. A quienes se les otorgó el certificado de profesionalización, hasta septiembre de

1980

Art.34 art. 15 dirá: Para los fines de esta Ley se considerarán cargos de desempeño exclusivo de comunicadores sociales: director, editor, jefe, subjefe, corresponsal, secretario de redacción,  de información, editor de multimedia, locutor, presentador de noticias, conductor de programas; diseñador gráfico y digital, publicista, comunicador institucional u organizacional, investigador, planificador, asesor y consultor, de la comunicación.

Art.35 art. 18 dirá: Las personas naturales o jurídicas propietarias de medios de comunicación colectiva,  están obligados a emplear a comunicadores sociales para los cargos considerados por la Ley como privativos de esta profesión.

Art.36 art.17 dirá: Los propietarios, directores, subdirectores, gerentes y subgerentes de los medios de comunicación colectiva, serán de nacionalidad ecuatoriana.

Art.37 art. 23 dirá: La SENRES inscribirá nombramientos para cargos determinados como exclusivos para comunicadores, únicamente, a favor de profesionales de la comunicación con su respectiva matrícula de afiliación.

Art.38. art. 24 dirá: El Consejo Nacional de la Comunicación Social vigilará  la aplicación de los derechos y garantías de la libertad de expresión y de la comunicación social; así como, de los comunicadores sociales.

Art.39. art. 20 dirá: Las remuneraciones de los comunicadores sociales, estipuladas en nombramientos y contratos, nunca serán inferiores a las señaladas en la Ley de Escalafón y Sueldos del Comunicador Profesional.

Art.40. art. 20 dirá: Las direcciones o departamentos de recursos humanos de las entidades públicas o privadas con finalidad social o pública, no podrán tramitar nombramientos o contratos; ni posesionar en funciones de comunicadores sociales, a quienes no tuvieran el título y su respectiva matrícula profesional.

En caso de incumplimiento, la Federación Nacional de Periodistas, FENAPE o el Colegio de Periodistas de la provincia a la que pertenezca la Unidad Administrativa, pedirá a la autoridad nominadora la cancelación del funcionario responsable.

Art.41. art. 25  La FENAPE o los Colegios de Periodistas gozaran de legitimidad para presentar acusación particular contra el infractor, que sin tener el título de comunicador social profesional, se presentare como tal y ejerciera de hecho la profesión.

Art.42 art. 28 dirá. Las disposiciones de esta ley no impiden, a las personas naturales o jurídicas que transmiten información y estén registradas en el Consejo Nacional de Comunicación Social, contratar los servicios de agencias noticiosas, nacionales o internacionales.

Art.43 art. 29 dirá. El Consejo Nacional de la Comunicación Social, controlará que las personas naturales o jurídicas que transmitan información científica, técnica, política, religiosa o de cualquier orden, por los medio de comunicación colectiva, legalicen su programa, con la firma de responsabilidad de un profesional de la comunicación social.

Art.44 art. 30 dirá.  Los periodistas profesionales, en cuanto a sus producciones intelectuales, estarán sujetos a la Ley de Derechos de Autor y demás disposiciones legales pertinentes.

Art.45 art. 27 dirá.  Para que el comunicador social profesional se beneficie de esta Ley, debe hallarse afiliado a uno de los Colegios Provinciales.

Art.46 art. 31 dirá: Los comunicadores extranjeros que ingresaren al país para cumplir funciones profesionales temporales, deberán registrarse en el Colegio de Comunicadores Sociales de la provincia en la que fueren a cumplir su misión. El Colegio estará obligado a informar al Consejo Nacional de la Comunicación Social.

Los comunicadores extranjeros que acompañen a delegaciones oficiales de Estado, estarán exentos del registro, mientras dure el cumplimiento de las misiones.

Las autoridades de migración que tengan conocimiento del ingreso al país de los comunicadores extranjeros, comunicarán inmediatamente al Consejo Nacional de la Comunicación Social, quien determinará el plazo para el cumplimiento de su cometido.

Art.47 art. 33 dirá: Las personas naturales o jurídicas que administren empresas de comunicación, deberán aceptar para fines de práctica a cursantes o egresados de las Facultades de Comunicación Social de las Universidades, Escuelas Politécnicas e Institutos de Educación Superior reconocidos por el CONESUP, de acuerdo con la Ley de Pasantías.

Art.48. La cláusula de conciencia, aún cuando no conste en forma expresa, se entenderá incorporada en todos los nombramientos y contratos de los comunicadores sociales profesionales.

Art.49. El comunicador social que fuere presionado u obligado por una institución de comunicación, para ejercer su profesión contra sus convicciones, podrá dar por terminado, unilateralmente, el contrato individual de trabajo, alegando como causa el despido intempestivo.  El perjudicado debe informar sobre éste hecho, y exigir la intervención del Colegio en el que se encuentra afiliado.

Art.50. El Secreto profesional, para efectos de esta Ley, es la reserva que debe guardar el comunicador social, acerca de sus fuentes confidenciales de información.  Las presiones que se ejerzan para que las revele,  serán consideradas como una lesión al derecho de los profesionales de la comunicación y dará lugar a las acciones contempladas en la Constitución y en la Ley.

Art.51.  El comunicador social que desempeñe en el sector público o privado una tarea profesional, tendrá derecho a la indemnización prevista en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa o el Código de Trabajo, cuando la entidad nominadora o contratante prescindiere de sus servicios.

CAPITUO VI

DE LA ÉTICA PROFESIONAL Y DE LOS TRIBUNALES DE HONOR

Art.66. Los afiliados están obligados a cumplir con las normas del Código de Ética Profesional.

Art.67. Habrá un Tribunal de Honor con jurisdicción nacional y uno en cada Colegio Provincial.

Art.68 art. 10 dirá: La Asamblea Nacional designará a los tres vocales principales y suplentes del Tribunal de Honor Nacional, por un período de dos años, en la misma sesión que corresponda a la elección de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional.

Las atribuciones, las competencias y los procedimientos de los Tribunales de Honor, constarán en esta Ley y en el Estatuto de la Federación.

Las funciones en el Tribunal de Honor son de desempeño obligatorio, salvo las excepciones legales y los impedimentos comprobados.

Art.69 art. 10 dirá: El Tribunal de Honor estará integrado por tres vocales principales y  tres suplentes, que no podrán ser miembros del Directorio del Colegio, y no podrán ser reelectos de inmediato, sino después  de un período posterior al de su ejercicio.

Art.70 art. 11 dirá: Corresponde a los Tribunales de Honor Provinciales conocer en primera instancia las violaciones a esta Ley, el Estatuto, el Código de Ética Profesional y los Reglamentos.

Art.71 art. 12 dirá:  Los Tribunales de Honor, en consideración a la gravedad y circunstancias de la falta cometida, podrán imponer las siguientes sanciones:

  1. Suspensión temporal de los derechos del afiliado;
  2. Retiro de matrícula profesional y prohibición del ejercicio profesional; y
  3. difusión  de las sanciones a través de los órganos gremiales.

Art.72 art. 12 dirá: El afiliado podrá apelar  las sanciones establecidas en el artículo anterior, ante el Tribunal de Honor Nacional, dentro del término de quince días, contados desde la respectiva notificación. Este fallará en mérito de las pruebas, en el plazo de treinta días.

Art.73 art. 12 dirá: Las resoluciones del Tribunal de Honor Nacional causarán ejecutoria sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que pudiere dar lugar el acto cometido.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA. Ninguna entidad o corporación podrá usar los nombres de las organizaciones establecidas en la presente Ley, ni atribuirse sus facultades.

SEGUNDA. Derogase la Ley de Ejercicio Profesional del Periodista, expedida por Decreto Supremo No. 799-B de septiembre de 1975.

DISPOSICION TRANSITORIA

PRIMERA. El Comité Ejecutivo de la FENAPE  deberá reunirse en el plazo de noventa días, desde la promulgación de esta Ley, para preparar el Proyecto de Reformas al Estatuto y los Reglamentos; y, someterlos a la Asamblea Nacional, que deberá realizarse dentro del plazo de ciento ochenta días.

TITULO VIII

DE LOS RADIOAFICIONADOS

ARTICULO 138.-

El servicio de radioaficionados es un servicio de radiocomunicaciones universal que tiene por objeto la instrucción individual, la intercomunicación y los estudios técnicos de la radiotécnia.

Se entiende por radioaficionado, la persona debidamente habilitada que se interesa en la radiotécnia con carácter exclusivamente personal y sin fines de lucro.

ARTICULO 139.-

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones habilitará para instalación y operación de estaciones de radioaficionados a personas de nacionalidad venezolana, y a extranjeros residentes en Venezuela o de tránsito en el territorio nacional, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley, su reglamento y demás normas que se dicten sobre la materia.

ARTICULO 140.-

Las estaciones de radioaficionados sólo podrán ser operadas en el territorio de la República por personas previamente habilitadas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. El titular de una habilitación no deberá:

-    Usar sus equipos para fines distintos a aquellos para los cuales se le otorgó la habilitación;

-    Permitir que persona alguna opere su estación sin la autorización correspondiente.

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